Toluca, Méx.- Maurilio Hernández González y Daniel Andrés Sibaja González propusieron una nueva arquitectura organizacional del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle) del Poder Legislativo, cambiar su denominación por el Instituto de Estudios Legislativos “Ignacio Ramírez”, robustecer y profesionalizar las prácticas parlamentarias de la Legislatura y ampliar su compromiso frente a la ciudadanía.
Al exponer la iniciativa, Sibaja González mencionó la necesidad de una reforma que transforme al Inesle de un órgano administrativo a un órgano legislativo, que desarrolle investigaciones, análisis y estudios para fundamentar decisiones, además de establecer vínculos con organismos públicos, privados, nacionales y extranjeros, que sean de utilidad para la consecución de sus fines, un auténtico instituto de investigación.
Propone que sea conducido por un Comité Directivo, integrado una Presidencia y Secretarías conformadas por diputados; entre sus facultades se encuentren remitir un informe anual a la Junta de Coordinación Política, proponer las directrices para proporcionar información, investigaciones y asesoría, supervisar el ejercicio presupuestal, aprobar la contratación de los servicios profesionales y especializados, entre otras.
También busca crear el Consejo de Investigación Legislativa para que proponga las políticas generales de investigación y difusión, los protocolos de investigación científica, las políticas para el análisis y selección de bibliografía y materiales especializados, así como que enriquezca la política general en materia editorial, contribuya al establecimiento de condiciones generales de contratación de investigadores, proponga las bases para el intercambio de personal y de experiencias y los manuales de procedimientos.
Perfeccionar el análisis de propuestas legislativas
Mario Ariel Juárez Rodríguez propuso que las comisiones legislativas dictaminadoras expongan los motivos por los que lleven a cabo cambios a la propuesta original, a fin de ser más meticulosos en la forma bajo la cual se elaboran y presentan los dictámenes, porque las razones que motivaron su presentación pueden no coincidir con el resultado final.
La iniciativa de reformas al Reglamento del Poder Legislativo estatal se basa en que, en un determinado caso, si el juzgador tiene dudas sobre la aplicación de una sanción o artículo, puede recurrir al origen de la reforma, es decir: “lo que quiso decir el legislador”.
Además, propone que el dictamen cuente con las firmas de quienes participan en las comisiones, las cuales deben ser tomadas en ese momento, y de quienes voten vía remota, lo que deberá manifestarse en el dictamen, además de señalar si el voto fue a favor, en contra o abstención; la lista de asistencia y que los dictámenes se den a conocer por lo menos 24 horas antes de la reunión de comisión.
